El riesgo de demandas contra la Argentina
Argentina se encuentra en una encrucijada con la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca atraer inversión extranjera directa mediante beneficios fiscales y garantías de estabilidad jurídica. Este régimen incorpora, además, el mecanismo de solución de controversias Inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) para el uso de todos los inversores, extranjeros o nacionales, de los diferentes sectores cubiertos por la ley.
Luciana GHIOTTO • CONICET IIP/UNSAM; Transnational Institute
Bettina MÜLLER • Transnational Institute
- El RIGI incorpora el mecanismo desolución de controversias inversor-Estado, ampliando los derechos a todos los inversores extranjeros y nacionales, y abriendo la puerta a demandas arbitrales internacionales que ya han costado caro a Argentina.
- Varias compañías con proyectos en el RIGI – Rio Tinto, Chevron, Shell, Pan American Energy, entre otras- ya han utilizado ampliamente el mecanismo ISDS para presionar o demandar a Estados por políticas públicas.
- La combinación del RIGI y estas empresas configura un escenario de alto riesgo para la soberanía regulatoria, las finanzas públicas y la capacidad del Estado de priorizar intereses sociales y ambientales.
Esto amplía notoriamente los derechos otorgados a los inversores provenientes de 48 países con los que Argentina tiene tratados de protección de inversiones vigentes.
Un análisis de las empresas que están llegando al país bajo el RIGI revela un patrón preocupante: la mayoría tiene un extenso historial de uso del arbitraje internacional contra los Estados mediante este mecanismo incorporado en prácticamente todos los tratados bilaterales de protección de las inversiones y los tratados comerciales firmados desde los años noventa.