Un experimento libertario para ceder bienes comunes al capital privado
Un régimen de excepción para beneficiar el extractivismo
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), establecido mediante el Decreto N.° 749/2024, fue presentado como el eje central del plan económico del gobierno de Javier Milei en Argentina (2023-2027). Con beneficios cambiarios, tributarios y comerciales, busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en diferentes sectores productivos como hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y forestoindustria.
Plan de riesgo a largo plazo
Su vigencia se extiende por treinta años y persigue dos objetivos principales: facilitar el ingreso de grandes capitales y acelerar las exportaciones en el corto plazo. La posibilidad de adherirse vence en julio de 2026. Aunque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por un año más, cubriendo de esta manera la totalidad de la gestión “libertaria”.
Menos Estado, planificación, protección, participación y derechos
El RIGI refleja la orientación del gobierno libertario hacia una menor intervención estatal en la gestión de los bienes comunes, asignando un papel preponderante al sector privado. Asimismo, no prevé mecanismos integrales de planificación industrial ni incorpora disposiciones específicas para la protección ambiental o social de los ecosistemas y de las comunidades.
Incentivos pero sin contexto político ni económico
En su primer año de implementación, el RIGI se enfrentó con límites estructurales y dependencia de factores externos, como los precios internacionales y las decisiones de empresas extranjeras. La incertidumbre política y económica, sumada a la falta de infraestructura pública, funcionó como un freno para las inversiones que pretende atraer.
Muchas preguntas, pocas certezas
Para quienes lo analizamos desde la sociedad civil y la academia, el RIGI abre interrogantes que buscaremos responder en esta espacio de alianza: dónde se ubican y qué sectores son los más dinámicos; cuáles son los principales impactos socioambientales en los territorios; qué implicancias tendrá en el entramado productivo nacional y qué controversias podrían provocar litigios internacionales contra el Estado argentino.