El proyecto minero El Pachón, bajo la titularidad de la transnacional suiza Glencore, es una muestra de paradigma de la expansión extractiva a gran escala que condiciona la preservación de las reservas hídricas estratégicas en la alta montaña sanjuanina y expone al Estado a riesgos críticos de litigiosidad internacional. Con una inversión estimada de USD 11.600 millones —la más cuantiosa registrada bajo el RIGI—, este emprendimiento de adhesión estándar proyecta la explotación de una mina a cielo abierto para la extracción de cobre y molibdeno en el departamento de Calingasta. Sin embargo, su emplazamiento entre los 3.600 y 4.200 metros sobre el nivel del mar lo sitúa en una zona de conflicto directo con la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). La viabilidad de este proyecto, de orientación netamente exportadora, parece depender de una flexibilización normativa que debilite los estándares de protección ambiental vigentes para permitir la actividad industrial en áreas de alta sensibilidad ecosistémica.

La lógica del proyecto se inserta en un escenario donde la seguridad jurídica otorgada a los inversores a través del RIGI se contrapone a la soberanía ambiental del territorio. La entrada de Glencore al RIGI otorga estabilidad fiscal y cambiaria a un actor con un historial documentado de uso de tribunales de arbitraje internacional (ISDS) para desafiar decisiones soberanas de los Estados. En este sentido, el proyecto representa una nueva frontera extractiva donde el capital global busca blindarse frente a posibles regulaciones futuras, utilizando el arbitraje como herramienta de presión política frente a sentencias judiciales o cambios en la política ambiental.

Desde una perspectiva socioeconómica, el proyecto declara la generación de 1.250 empleos directos durante la fase de operación, una cifra que debe ponderarse frente a la magnitud del impacto ambiental permanente que conlleva una intervención de 6.000 millones de toneladas de recursos minerales. La infraestructura necesaria para procesar tales volúmenes mediante flotación transformará de manera irreversible la dinámica hídrica de la frontera cordillerana, consolidando un modelo de enclave cuya rentabilidad se asocia a la externalización de los riesgos sobre recursos hídricos vitales.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Superposición con ambientes protegidos y vulneración de la Ley de Glaciares. El impacto ambiental más crítico de El Pachón radica en su localización en zonas que, según la Ley 26.639, deberían estar exentas de actividad minera industrial. Al situarse en altitudes superiores a los 3.600 metros, el proyecto se superpone con geoformas del ambiente periglaciar que son indispensables para la regulación de las cuencas hídricas en una región caracterizada por la aridez. El desarrollo de una mina a cielo abierto en estas zonas implica la remoción de material en áreas protegidas, lo que constituye una vulneración de los presupuestos mínimos ambientales. Esta situación genera una tensión estructural donde el fomento a las grandes inversiones se antepone a la preservación de las reservas estratégicas de agua dulce del país.

Riesgo de litigiosidad internacional y erosión de la soberanía. En la dimensión de los derechos territoriales y la gobernanza, la presencia de Glencore introduce la amenaza del uso de mecanismos de arbitraje internacional para condicionar el control estatal. La corporación ha interpuesto múltiples demandas contra otros Estados ante tribunales como el CIADI cuando las decisiones judiciales nacionales —destinadas a proteger arroyos o ecosistemas críticos— han afectado sus intereses comerciales. Este patrón de comportamiento sugiere que el acceso de El Pachón al RIGI podría ser utilizado para blindar jurídicamente el proyecto contra cualquier intento de aplicar la ley ambiental, calificando la protección de los recursos naturales como un trato “irrazonable” o “arbitrario”.

Conflictividad territorial y derechos de las comunidades. La falta de procesos de participación efectiva y la percepción de una flexibilización regulatoria en favor de la inversión extranjera vulneran los derechos de las poblaciones locales a intervenir en la gestión de sus territorios y modos de vida. El Pachón representa un desafío para la defensa de los derechos humanos y ambientales en la alta montaña, donde la magnitud de la inversión financiera se traduce en una capacidad de presión política que puede desplazar las garantías constitucionales de protección.