El proyecto Nuevo Gualcamayo, operado por Minas Argentinas S.A. (AISA Group), constituye una profundización del modelo extractivo que prioriza la extensión de la vida útil de yacimientos históricos bajo el amparo del RIGI, postergando la remediación ambiental en áreas de alta sensibilidad hídrica. Con una inversión estimada de USD 665 millones, el proyecto denominado Carbonatos Profundos (DCP) busca reactivar un complejo minero que se encontraba en fase de cierre mediante la transición hacia una explotación subterránea y el procesamiento de minerales refractarios a través de una planta de oxidación a presión (POX). Esta nueva etapa proyecta una producción anual de 120.000 onzas de oro durante al menos 17 años, lo que consolida un enclave de larga duración en la alta montaña sanjuanina. La iniciativa se presenta como una modernización técnica, pero se inscribe sobre un territorio con un historial de pasivos socioambientales y conflictos laborales que no han sido plenamente resueltos.

La lógica del proyecto se enmarca en una tendencia de expansión hacia recursos de mayor complejidad técnica, lo que implica una infraestructura industrial más intensiva. A diferencia de la etapa anterior de explotación a cielo abierto, la nueva fase subterránea y el uso de tecnología POX introducen cambios en la escala de intervención, aunque persisten interrogantes sobre el manejo integral de los residuos mineros y el uso de sustancias químicas en un sitio con antecedentes de incidentes operativos. Asimismo, el desarrollo del proyecto se vincula estratégicamente con la generación de energía renovable propia, lo que permite a la compañía no solo asegurar su abastecimiento, sino proyectar una expansión hacia el mercado eléctrico regional, concentrando el control sobre recursos e infraestructuras clave del territorio.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Vulnerabilidad de ecosistemas de alta montaña y ambientes periglaciares. La localización del proyecto en la zona cordillerana de San Juan establece una superposición crítica con territorios estratégicos para la regulación hídrica. Existe una tensión estructural entre la expansión de las concesiones Gualcamayo 1 y 2 y la protección de las geoformas identificadas en el Inventario Nacional de Glaciares. La flexibilización de los marcos regulatorios incrementa la incertidumbre sobre la preservación de los ambientes periglaciares, los cuales resultan esenciales para el sostenimiento de las cuencas en un contexto de aridez.

Antecedentes operativos y riesgos por uso de sustancias químicas. La trayectoria productiva del yacimiento presenta un historial de controversias vinculadas al uso de soluciones cianuradas en procesos de lixiviación. Se han registrado denuncias por incidentes en cañerías y posibles filtraciones que han afectado la confianza de las poblaciones locales. Además, comunidades de la vecina provincia de La Rioja han señalado impactos del polvo en suspensión derivado de la actividad sobre la salud pública y la producción agrícola, lo que evidencia una conflictividad que trasciende los límites provinciales. Aunque el nuevo proyecto introduce tecnologías distintas, el plan de recuperar oro remanente en las pilas de lixiviación existentes mantiene vigente el riesgo asociado al manejo de soluciones tóxicas en el complejo.

Hegemonía sobre la infraestructura energética estratégica. El plan de instalar un parque solar que prevé alcanzar los 800 MW en una década representa un proceso de captura de infraestructura por parte del sector extractivo. Esta dinámica permite que las empresas mineras asuman un rol dominante en la matriz energética, subordinando el desarrollo de energías renovables a las necesidades exclusivas de la producción de oro y plata. Esta concentración del control energético plantea interrogantes sobre la soberanía territorial y la definición de prioridades en el acceso a la energía para otros usos sociales y productivos.

Conflictividad laboral y seguridad operativa. En la dimensión social, el complejo ha enfrentado reclamos persistentes de los trabajadores en relación con las condiciones de seguridad y la disponibilidad de equipamiento adecuado. Los antecedentes de accidentes laborales exigen una revisión de los estándares de protección, especialmente ante el desafío técnico que representa la transición hacia la minería subterránea, donde los riesgos operativos se intensifican y requieren garantías estrictas para el cumplimiento de los derechos laborales básicos.