El proyecto Sal de Oro II, de la empresa surcoreana POSCO, prevé una inversión de USD 845 millones para ampliar la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto. Su incorporación al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) se produce en un territorio que ya concentra numerosos emprendimientos mineros y donde existen crecientes disputas por el uso del agua, la protección de los humedales altoandinos y la participación de las comunidades originarias.

El principal desafío no reside únicamente en los impactos de Sal de Oro II considerado de manera aislada, sino en su incorporación a una cuenca sometida a una creciente presión extractiva. Los proyectos beneficiados por el RIGI en el área del Hombre Muerto superan en conjunto los USD 1.300 millones, profundizando un proceso de expansión del litio que se desarrolla sobre un ecosistema hídrico particularmente frágil.

A pesar de esta concentración territorial, la evaluación y autorización ambiental continúa realizándose fundamentalmente proyecto por proyecto. Este esquema dificulta conocer y gestionar los efectos combinados de múltiples explotaciones que extraen agua y salmuera de una misma cuenca. La ausencia de una evaluación integral de impactos acumulativos constituye así uno de los principales déficits de la gobernanza ambiental del Salar del Hombre Muerto.

La expansión minera también se desarrolla en un territorio atravesado por reclamos de comunidades originarias y actores económicos locales. La Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano ha cuestionado los mecanismos de participación y consulta implementados frente al avance de los proyectos de litio. Al mismo tiempo, se registraron controversias vinculadas con las condiciones laborales, la contratación de trabajadores extranjeros y la participación de proveedores locales.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Mayor presión sobre el agua y los humedales altoandinos. La infraestructura asociada a Sal de Oro II se superpone con aproximadamente 20.139 hectáreas de humedales altoandinos, ecosistemas fundamentales para la biodiversidad y la dinámica hídrica de la Puna. Sin embargo, el principal interrogante excede al proyecto individual: distintos emprendimientos comparten una misma cuenca y ejercen simultáneamente presión sobre el agua y las salmueras. La falta de evaluaciones acumulativas dificulta determinar los efectos conjuntos de esta expansión y establecer límites compatibles con la disponibilidad hídrica del territorio.

Participación y derechos de las comunidades originarias. La Comunidad Originaria Atacameños del Altiplano ha denunciado deficiencias en los mecanismos de participación implementados por las autoridades provinciales, cuestionando la disponibilidad de información técnica accesible y las condiciones en las que fueron convocadas las instancias de consulta. Estos reclamos vuelven a colocar en discusión el cumplimiento efectivo del derecho a la consulta previa, libre e informada, reconocido por el Convenio 169 de la OIT, frente a decisiones que pueden afectar sus territorios y formas de vida.

Empleo local y encadenamientos productivos bajo discusión. La expansión del proyecto también ha generado controversias respecto de quiénes capturan los beneficios económicos de la inversión. Operativos oficiales detectaron trabajadores extranjeros que se encontraban realizando actividades laborales con permisos migratorios inadecuados, mientras que proveedores locales denunciaron dificultades para participar de las contrataciones vinculadas al proyecto. Estas controversias ponen en tensión una de las principales promesas asociadas a la expansión minera: su capacidad para generar empleo local y encadenamientos productivos duraderos en los territorios donde se desarrolla.