El proyecto Sal de Vida, ubicado en el Salar del Hombre Muerto, prevé una inversión de aproximadamente USD 818 millones para la producción de carbonato de litio. Actualmente bajo el control de la corporación anglo-australiana Rio Tinto, el proyecto forma parte de un proceso más amplio de concentración empresarial en la minería de litio argentina y de expansión de las operaciones de una misma compañía sobre distintos salares de la Puna.

La adquisición de Sal de Vida se inscribe en una estrategia de crecimiento regional de Rio Tinto, que incorporó distintos activos de litio en Argentina y busca integrarlos dentro de una plataforma de producción de mayor escala. De este modo, una misma corporación pasa a controlar proyectos e instalaciones como Fénix, Sal de Vida, Olaroz y Cauchari, reforzando su posición en un sector caracterizado por una fuerte presencia de capitales transnacionales y una producción fundamentalmente orientada a los mercados externos.

Esta cuestión adquiere particular relevancia por las garantías jurídicas que acompañan a las inversiones extranjeras. Además de la estabilidad otorgada por el RIGI, las empresas pueden encontrarse protegidas por tratados internacionales de inversión y mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS). Rio Tinto cuenta con antecedentes de controversias internacionales frente a decisiones estatales que afectaron sus proyectos. Estos mecanismos pueden incrementar los costos de modificar regulaciones o restringir actividades una vez realizadas las inversiones, introduciendo una tensión entre la protección de los inversores y la capacidad estatal para fortalecer posteriormente sus políticas ambientales.

En el Salar del Hombre Muerto, esta expansión empresarial se superpone además con un problema ya presente en otros proyectos de la cuenca: la creciente presión sobre un mismo sistema hídrico sin una evaluación integral de los impactos acumulativos. La incorporación de nuevas inversiones y la ampliación de la escala productiva profundizan así el desafío de gobernar una cuenca donde múltiples operaciones mineras comparten recursos hídricos y ecosistemas de alta fragilidad.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Historial de afectación y vulneración de derechos colectivos. La operadora enfrenta cuestionamientos sistemáticos por su desempeño socioambiental a nivel global. Los registros documentan denuncias por la destrucción de sitios de alto valor cultural y espiritual para comunidades indígenas, así como incidentes de contaminación ambiental y violaciones a los derechos laborales. En la región del Salar del Hombre Muerto, el proyecto se vincula tangencialmente con la conflictividad histórica del río Trapiche, donde operaciones previas de empresas ahora integradas al mismo grupo corporativo dejaron un legado de impactos negativos en el territorio que aún generan desconfianza en las poblaciones locales.

Amenaza de arbitraje internacional y limitaciones a la soberanía. Un punto crítico de preocupación es la posible activación de tribunales de arbitraje bajo tratados bilaterales de inversión. La corporación ha demostrado su disposición a litigar contra los Estados cuando estos, ante la presión social o cambios de política ambiental, deciden paralizar proyectos mineros. Esta capacidad de recurrir a instancias externas al sistema judicial nacional, con la asistencia de bufetes internacionales especializados, configura un escenario de asimetría jurídica donde el Estado podría verse inhibido de ejercer sus facultades de control y regulación ambiental por temor a demandas multimillonarias.

Saturación extractiva y presión hídrica acumulativa. La reconfiguración de activos para alcanzar una meta de 200.000 toneladas de litio anuales implica una demanda de agua y energía que desborda las evaluaciones individuales de cada proyecto. La falta de un enfoque sistémico sobre la capacidad de carga de la cuenca, sumada a la urgencia corporativa de acelerar la producción para aprovechar el ciclo de precios internacionales, plantea un riesgo latente para la estabilidad hidroecológica del salar y para el sostenimiento de los medios de vida de las comunidades que dependen de dicho ecosistema.