El proyecto Salar del Rincón, bajo la titularidad de la empresa transnacional Rio Tinto, constituye un modelo de expansión extractiva que antepone la escala de producción industrial y los beneficios del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) a la integridad de ecosistemas altoandinos protegidos y a los derechos de las comunidades originarias. Ubicado en la Puna salteña, este emprendimiento de exportación estratégica de largo plazo proyecta una inversión de 2.724 millones de dólares para la obtención de hasta 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Si bien el esquema de desarrollo se presenta de manera escalonada para mitigar riesgos financieros —iniciando con una planta de 3.000 toneladas para luego expandirse—, la magnitud de la infraestructura asociada configura un enclave de alta intensidad en un territorio de extrema sensibilidad ambiental. La lógica de este proyecto se inscribe en la transición energética global, pero su implementación en el territorio expone una profunda contradicción entre el discurso de la sostenibilidad y la presión sobre recursos críticos como el agua.

La legitimidad del proyecto se ve condicionada por los antecedentes internacionales de su operadora. Rio Tinto —que recientemente consolidó su posición mediante la adquisición de Arcadium Lithium— arrastra un historial de denuncias vinculadas a precarización laboral, contaminación y la destrucción de sitios sagrados indígenas en otros contextos geográficos. Estos registros configuran un patrón de comportamiento corporativo que debe ser analizado rigurosamente frente a los compromisos del Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. A pesar de estos señalamientos, el proyecto ha logrado captar financiamiento de organismos internacionales como el BID Invest y la Corporación Financiera Internacional (IFC), vinculando el desarrollo del yacimiento a la demanda global de almacenamiento eléctrico, sin que esto resuelva las tensiones territoriales preexistentes.

Técnicamente, la explotación se basa en la extracción de salmuera mediante pozos profundos, lo que implica el bombeo constante desde acuíferos subterráneos. Este proceso no solo requiere de plantas industriales complejas, sino también de una vasta red de caminos y sistemas de tratamiento de residuos que alteran de forma permanente el paisaje y el funcionamiento hídrico de la cuenca. La estructura del proyecto, orientada casi exclusivamente a la exportación, refuerza una dinámica donde los beneficios económicos se transnacionalizan mientras los riesgos ambientales y sociales permanecen en el territorio local.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Vulnerabilidad hídrica y degradación de áreas protegidas. Uno de los puntos más críticos es la superposición del proyecto con la Reserva Provincial Los Andes, un área protegida creada en 1980 para preservar la biodiversidad y los sistemas hídricos de la Puna. El emprendimiento se solapa con espacios de alta importancia ecológica, como los Refugios de Vida Silvestre Laguna Socompa y Ojos de Mar de Tolar Grande. Existe una contradicción estructural cuando el propio Estado promueve la minería a gran escala en un territorio delimitado para la conservación, transformando de facto un área protegida en una “zona de sacrificio”. Los salares son sistemas hidroecológicos complejos donde el agua es el recurso más escaso; el bombeo intensivo amenaza con romper el equilibrio de los ciclos hídricos que sostienen la biodiversidad local, incluyendo especies sensibles como los flamencos andinos.

Incumplimiento de derechos indígenas y participación. En la dimensión social, el proyecto enfrenta la resistencia de la comunidad indígena Kewar, de la localidad de Olacapato, que ha denunciado formalmente la falta de acceso a información clara y la ausencia de procesos de participación efectiva en las decisiones que afectan su hábitat ancestral. La omisión de consultas previas e informadas adecuadas constituye una vulneración de los derechos humanos y territoriales reconocidos internacionalmente. Esta falta de licencia social, sumada a los antecedentes de la empresa en la destrucción de sitios sagrados en otros países, genera un escenario de conflictividad latente que pone en duda la viabilidad ética del desarrollo minero en la región. En este sentido, el proyecto Salar del Rincón no solo representa un desafío técnico, sino una problemática de derechos fundamentales donde la participación comunitaria ha sido relegada frente a la urgencia de la inversión extranjera.