El proyecto de SIDERSA en San Nicolás, aprobado en el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), prevé una inversión de aproximadamente USD 286 millones para ampliar y modernizar la producción siderúrgica. A diferencia de la mayoría de las inversiones incorporadas al régimen, concentradas en minería e hidrocarburos, el proyecto representa una apuesta por la modernización de una actividad industrial existente y por la incorporación de tecnologías orientadas a reducir su impacto ambiental.

La nueva planta proyecta una capacidad de producción de aproximadamente 360.000 toneladas anuales de acero para la construcción. Parte de la inversión cuenta con financiamiento de BID Invest, destinado a incorporar equipamiento y tecnologías de mayor eficiencia energética y menor intensidad de emisiones. La empresa presenta esta modernización como parte de una estrategia para producir acero con una menor huella de carbono y mejorar su competitividad frente a mercados internacionales con exigencias ambientales crecientes.

Sin embargo, la reducción de emisiones asociada al proceso productivo no agota los desafíos ambientales de una inversión de esta escala. Durante la construcción surgieron denuncias por la presunta extracción irregular de tosca utilizada para las obras, proveniente de una cava ubicada en las proximidades del arroyo Ramallo. El caso derivó en actuaciones administrativas y judiciales orientadas a determinar el origen de los materiales, las habilitaciones correspondientes y las eventuales responsabilidades de los actores involucrados.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

El principal conflicto registrado hasta el momento se vincula con denuncias sobre la extracción de tosca de una cava próxima al arroyo Ramallo que habría abastecido las obras de la planta sin contar con todas las habilitaciones correspondientes. Las actuaciones administrativas y judiciales deberán determinar las responsabilidades y los eventuales impactos asociados. El caso muestra la importancia de extender los controles ambientales más allá de la planta industrial y considerar también el origen de los materiales utilizados durante su construcción.