El uso para la represión de resistencias socioambientales
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones es un instrumento medular para uno de los principales objetivos del gobierno de Javier Milei, seducir a empresas extranjeras para que realicen inversiones en actividades extractivas en la Argentina. Para lograrlo, busca garantizar que las empresas que quieran instalarse en el país puedan hacerlo con total tranquilidad, sin verse afectadas por la conflictividad social.
Por Luna MIGUENS y Manuel TUFRÓ • Centro de Estudios Legales y Sociales 
- El RIGI se inscribe en una estrategia del gobierno de Milei para atraer inversiones extractivas mediante el desmantelamiento de las protecciones legales a comunidades indígenas y productores locales.
- Con el propósito de intervenir en los conflictos socioambientales el Poder Ejecutivo creó la “Unidad de Seguridad Productiva” para intervenir y asegurar la viabilidad del RIGI.
- El uso del aparato estatal de seguridad se orienta a controlar la conflictividad socioambiental a través de la vigilancia, monitoreo y represión de resistencias.
Esto se vuelve particularmente relevante para actividades extractivas, como la minería o la explotación de hidrocarburos, que suelen enfrentar resistencias vinculadas a los impactos ambientales, el uso intensivo del agua y los reclamos territoriales de las comunidades locales.
Por ello, el RIGI forma parte de un entramado de decisiones estatales orientadas a facilitar el despliegue de grandes inversiones, incluso en contextos de alta conflictividad socioambiental. Con ese propósito incorpora mecanismos que limitan la participación ciudadana y reducen los márgenes para la intervención de actores locales en la toma de decisiones. Esta estrategia contempló tres movimientos:
- neutralizar cualquier recurso legal o de política pública que las comunidades afectadas pudieran movilizar para resistir el extractivismo;
- aumentar la vigilancia sobre los conflictos territoriales, impartiendo órdenes que incurren en la inteligencia ilegal;
- generar la amenaza concreta de intervención policial para poner a fin a los conflictos.
Desmantelamiento de políticas y protecciones
Desde que asumió, el gobierno desmanteló la arquitectura institucional que existía para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas a sus territorios, tal como reconoce la Constitución. La principal medida en este sentido fue la derogación de la ley 26.160 sancionada en 2006. Esta norma declaraba la emergencia territorial indígena, obligaba al Estado a realizar un relevamiento nacional de los territorios habitados por comunidades y suspendía los desalojos. Este relevamiento se realizó de manera poco sistemática, por lo que la emergencia debió prorrogarse de manera reiterada. Para fin de 2024, cuando la ley fue derogada, se habían relevado algo menos de la mitad de los territorios comunitarios. En el decreto de derogación el gobierno reconoce que aún hay más de 250 conflictos territoriales. En este contexto la decisión del gobierno fue desproteger a los pueblos originarios para favorecer a “los legítimos propietarios”. Esto deja a miles de comunidades de todo el país vulnerables ante quienes buscan hacerse de sus tierras.
En cuanto a los productores de la agricultura familiar, el gobierno debilitó la política destinada a acompañarlos y fortalecer su producción. Apenas llegado al poder, despidió a casi todos los trabajadores del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, el principal organismo dedicado al sector. Una de las consecuencias de este vaciamiento fue el abandono de los productores que viven en lugares de difícil acceso, donde solo llegaba este organismo. En julio de 2025, al filo del fin de las facultades delegadas, derogó por decreto la mayoría de los artículos de la Ley de Agricultura Familiar Campesino Indígena, que buscaba fortalecer al sector. Este desamparo estatal debilita la posición de productores y productoras y su capacidad de resistir intentos de desalojo, generalmente promovidos por empresarios locales.
Foto de Susi Maresca-CELS
Este espíritu permeó también en los gobiernos provinciales. En 2024, Rio Negro y Chubut aprobaron leyes creando mecanismos de consulta “previa, libre e informada” a las comunidades indígenas. Esta consulta es un derecho de las comunidades indígenas a conocer y poder opinar ante decisiones públicas que puedan afectar sus modos de vida. Sin embargo, el espíritu de estas normas es exactamente el contrario. Se crearon mecanismos que simulan un proceso de consulta como estrategia para neutralizar hipotéticas demandas en este sentido. La prueba más clara de este cinismo es que, paradójicamente, las comunidades no fueron informadas ni consultadas en el proceso de redacción de estas leyes.