El RIGI a mayo 2026: proyectos aún sin aprobar, mucha concentración y poca inversión extranjera
Actualización y análisis de los datos relevados a mayo de 2026. Informe elaborado por Mariano Novas (Observatorio del RIGI, UNSAM-CONICET).
Cantidad de proyectos ingresados y estado: la mayoría en evaluación
Entre 2024 y 2026 se presentaron 36 proyectos por más de USD 106.104 millones, de los cuales 30 corresponden exclusivamente a sectores extractivos: minería (20 proyectos) e hidrocarburos (10 proyectos). Los restantes se distribuyen entre energías renovables, infraestructura y siderurgia .

Dentro del sector minero, la concentración también es muy marcada. El cobre lidera ampliamente los montos comprometidos con USD 31.313 millones, equivalentes al 65,7% de toda la inversión minera anunciada bajo el RIGI. Le sigue el litio con USD 14.283 millones (30%), mientras que el oro y la plata apenas alcanzan USD 1.809 millones (3,8%). Finalmente, las arenas de fractura representan una participación marginal de USD 233 millones (0,5%). Estos datos reflejan hasta qué punto el régimen se encuentra orientado principalmente hacia minerales estratégicos vinculados a las cadenas globales de electromovilidad, infraestructura eléctrica y transición energética.
De ese total, 15 proyectos fueron aprobados por USD 29.025 millones que representan el 27,4% del total registrado. 20 proyectos continúan en evaluación por USD 76.099 millones. Esto implica el 71,7% del total. Además, el proyecto de la empresa china Ganfeng fue, hasta el momento, el único rechazado formalmente por el comité evaluador. En otras palabras, casi tres cuartas partes de los montos anunciados bajo el RIGI todavía continúan en etapa de evaluación y no cuentan con aprobación formal del Ministerio de Economía.

Respecto a los desembolsos efectivamente realizados, según la información pública recibida en abril de 2026, el Gobierno afirma que para los primeros 12 proyectos aprobados se prevén desembolsos por USD 1.920 millones en los primeros dos años.
Concentración: pocos sectores y en pocas provincias
La concentración es aún mayor si se observa el volumen de inversión comprometida: más del 98% de los fondos proyectados corresponden a minería (45%) e hidrocarburos (53%).
En particular, el petróleo lidera los montos proyectados con USD 34.150 millones, equivalentes al 32,2% del total, seguido muy de cerca por la minería de cobre, que concentra USD 31.313 millones (29,5%). En tercer lugar aparece el GNL con USD 22.847 millones (21,5%), mientras que el litio representa USD 14.283 millones, es decir, el 13,5% del total anunciado.

Dentro del sector minero, la concentración también es muy marcada. El cobre lidera ampliamente los montos comprometidos con USD 31.313 millones, equivalentes al 65,7% de toda la inversión minera anunciada bajo el RIGI. Le sigue el litio con USD 14.283 millones (30%), mientras que el oro y la plata apenas alcanzan USD 1.809 millones (3,8%). Finalmente, las arenas de fractura representan una participación marginal de USD 233 millones (0,5%). Estos datos reflejan hasta qué punto el régimen se encuentra orientado principalmente hacia minerales estratégicos vinculados a las cadenas globales de electromovilidad, infraestructura eléctrica y transición energética.

La distribución de las inversiones permite observar con claridad cuáles son las principales apuestas estratégicas del gobierno argentino en el marco del RIGI. Por un lado, aparece el fortalecimiento de la infraestructura hidrocarburífera vinculada a Vaca Muerta y a la exportación de petróleo, gas y gas natural licuado (GNL). Por otro lado, se consolida una fuerte expansión de la minería metalífera y de minerales críticos, particularmente cobre y litio, sectores considerados centrales para la transición energética global.
La geografía de las inversiones también presenta patrones claramente definidos. Neuquén lidera ampliamente los montos comprometidos con USD 38.391 millones, equivalentes al 36,2% del total relevado, impulsada principalmente por proyectos hidrocarburíferos asociados a Vaca Muerta. En segundo lugar aparece San Juan, que concentra USD 24.364 millones (23%) gracias al enorme peso económico de los megaproyectos cupríferos El Pachón y Vicuña. Río Negro ocupa el tercer lugar con USD 19.954 millones (18,8%), vinculados principalmente a infraestructura petrolera y proyectos de exportación de GNL.
Neuquén, San Juan y Río Negro reúnen cerca del 78% de toda la inversión considerada, mientras que si se agregan Catamarca y Salta la concentración supera ampliamente el 95% del total.

Origen del capital: contra el discurso oficial, Argentina lidera el ranking
A contramano del discurso oficial que discursivamente afirma la llegada de capitales internacionales. Los datos muestran que las empresas argentinas tienen una participación importante en el RIGI, especialmente en el sector petrolero y gasífero, tanto a través de firmas privadas como de compañías con participación estatal nacional o provincial. En minería, en cambio, predominan con mayor claridad los capitales extranjeros.

Si se observa la cantidad de proyectos por origen del capital, Argentina encabeza el ranking debido a la participación de empresas nacionales en numerosos consorcios energéticos. Sin embargo, cuando se analiza el volumen de inversión comprometida, el panorama cambia significativamente.
En ese escenario se destacan especialmente Suiza —a través de Glencore y sus megaproyectos de cobre—, Reino Unido, China, Canadá y Australia, que concentran gran parte de las inversiones mineras de gran escala.
Un dato llamativo es que, pese al alineamiento político del gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, las empresas estadounidenses todavía no ocupan un lugar central dentro de los principales montos de inversión comprometidos bajo el régimen. Veremos si el Acuerdo comercial firmado en febrero de 2026 cambia algo.

China aparece como uno de los principales actores extranjeros en el litio argentino. Su presencia se concentra especialmente en la Puna (Jujuy, Salta y Catamarca). Las firmas chinas participan tanto en explotación de salares como en ampliaciones de capacidad productiva. Ganfeng es el actor chino más relevante dentro de los proyectos RIGI vinculados al litio.
¿Hay datos sobre empleo real generado hasta ahora? ¿Está separado entre empleo directo e indirecto?
De acuerdo con la información pública proporcionada por el Gobierno nacional, disponemos de datos sobre empleo para 27 proyectos. Sin embargo, estos números deben interpretarse con cautela, ya que corresponden a estimaciones de empleo proyectado elaboradas por las propias empresas y no a puestos efectivamente generados.
Para comprender el impacto real del régimen es importante diferenciar las etapas de “construcción” y “operación” de los proyectos. En la fase de construcción —que suele concentrarse en períodos relativamente cortos— las industrias extractivas y energéticas demandan una gran cantidad de mano de obra. Por ejemplo, la construcción del oleoducto VMOS proyecta emplear a 3.108 personas, mientras que el parque fotovoltaico El Quemado demandó alrededor de 384 trabajadores durante su etapa de obra. Sin embargo, una vez finalizada la construcción, muchos de estos proyectos requieren un número mucho menor de trabajadores permanentes para su operación y mantenimiento. Esto suele generar conflictividad social en los territorios
En total, para los 27 proyectos con información disponible, las empresas estiman 15.194 empleos directos y 50.573 indirectos durante la etapa de construcción. Ahora bien, cuando se observa la fase de operación —es decir, los empleos permanentes de largo plazo— las cifras disminuyen considerablemente: allí se proyectan 8.196 empleos directos y 17.575 indirectos.
En este contexto, si se analiza la evolución del empleo registrado entre 2024 y 2026, puede advertirse que el RIGI todavía no compensa la caída general del empleo formal en otros sectores de la economía.
El RIGI no aterriza en territorios vacíos
El RIGI no avanza sobre territorios “vacíos”, sino sobre provincias atravesadas por conflictos socioambientales de larga duración. Los proyectos mineros y petroleros se instalan en zonas donde existen economías regionales, comunidades indígenas y asambleas de vecinos que vienen movilizándose hace años en defensa del agua y el territorio.
El caso del Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, es uno de los más claros: actualmente existen cuatro proyectos vinculados al RIGI dentro de una misma cuenca hidrográfica. Allí, comunidades locales denuncian desde hace tiempo los impactos acumulativos de la extracción de litio sobre el agua y la falta de servicios básicos. Mientras el boom minero promete inversiones multimillonarias y exportaciones récord, muchas localidades de la región continúan enfrentando problemas de acceso al agua potable, electricidad, salud, educación e infraestructura básica.
Flexibilización ambiental y conflictividad
El avance del RIGI está acompañado por un proceso de flexibilización regulatoria orientado a facilitar proyectos extractivos de gran escala. Por ejemplo, la ofensiva sobre la Ley de Glaciares busca habilitar inversiones cupríferas en zonas cordilleranas hoy protegidas, mientras que en Río Negro se modificaron normas para permitir el avance de petrolero en el Golfo San Matías.
Al mismo tiempo, el régimen incorpora mecanismos de estabilidad normativa que limitan nuevas regulaciones ambientales durante décadas. Este escenario se combina con una creciente criminalización de la protesta y una mayor presencia de fuerzas de seguridad frente a conflictos territoriales. Mendoza es uno de los casos más visibles: el proyecto minero San Jorge avanza en una provincia marcada históricamente por la movilización social en defensa del agua.
¿Qué deja el RIGI al país?
El RIGI otorga beneficios extraordinarios a grandes empresas durante décadas, pero no exige contraprestaciones concretas en términos de desarrollo nacional. El régimen no establece metas ambiciosas de empleo local, agregado de valor, transferencia tecnológica, encadenamientos productivos ni transición energética. En los hechos, el Estado baja impuestos, flexibiliza controles y garantiza estabilidad regulatoria para grandes jugadores extractivos, sin asegurar que esas inversiones se traduzcan en mejoras estructurales para las economías locales o el sistema productivo argentino. Es decir que la sociedad argentina esta afuera del mapa. En este sentido, el RIGI consolida una tendencia hacia la reprimarización de la economía argentina.
El informe completo se puede descargar en pdf acá
