El proyecto de infraestructura hidrocarburífera Duplicar Norte representa una profundización del modelo extractivo que prioriza la aceleración de la capacidad de transporte de crudo por sobre la seguridad ambiental y el cumplimiento de las garantías de los derechos territoriales. Bajo el amparo del RIGI, esta iniciativa de la empresa Oldelval busca consolidar la infraestructura necesaria para la evacuación masiva de la producción proveniente de Vaca Muerta, desatendiendo los riesgos acumulados por años de actividad intensiva en la región. Con una inversión estimada en USD 383 millones, el proyecto consiste en la construcción de un nuevo oleoducto de 207 kilómetros que conectará la estación de bombeo Puesto Hernández, en la provincia de Neuquén, con la terminal en Allen, Río Negro. Esta obra se inserta en un esquema de cooperación corporativa que incluye a operadoras nacionales y transnacionales como Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), orientando la capacidad proyectada —que permitirá transferencias de hasta 45.000 m³/día— hacia la exportación de hidrocarburos,.
El análisis técnico del proyecto revela que su principal objetivo es la resolución de los denominados “cuellos de botella” en el transporte de crudo desde el norte de la Cuenca Neuquina. Sin embargo, esta expansión se proyecta sobre un territorio que ya presenta signos críticos de saturación y falta de mantenimiento en sus redes existentes. La construcción de un nuevo ducto, sumada a la instalación de unidades de medición automatizadas, refuerza una lógica de crecimiento productivo que no contempla de manera integral los impactos acumulativos sobre el entorno natural y social. La iniciativa se presenta como un eslabón necesario para acompañar el incremento de producción previsto para los próximos años, pero se desarrolla en un contexto de opacidad y dificultades para acceder a información oficial sobre los controles ambientales.
A pesar de que el informe de adhesión al RIGI de abril de 2026 estima la creación de 1323 puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto, el desglose de dichas cifras presenta inconsistencias, ya que no se especifica si el trabajo está vinculado a las fases de construcción u operación. Esto sugiere una falta de precisión en los datos sociolaborales que sustentan la justificación del proyecto. Asimismo, la orientación neta hacia la exportación refuerza una lógica de enclave que desvincula la actividad de las necesidades energéticas y de desarrollo locales, centrando los beneficios en el ingreso de divisas y la rentabilidad corporativa.
Antecedentes operativos de la empresa. La implementación del proyecto Duplicar Norte está atravesada por una conflictividad socioambiental derivada de los antecedentes operativos de la empresa promotora y la fragilidad del entorno geográfico. Organizaciones especializadas, como el Observatorio Petrolero Sur (OPSur), han cuestionado la capacidad de respuesta ante incidentes: citan como antecedente crítico un derrame de petróleo que superó los 3 millones de litros, un hecho calificado como mucho más grave de lo que los informes corporativos sugerían.
Vulnerabilidad hidrogeológica de los médanos. Desde una perspectiva ambiental, la zona de emplazamiento presenta una vulnerabilidad hidrogeológica extrema. La presencia de médanos de alta permeabilidad facilita la infiltración de materiales contaminantes en el suelo, lo que representa una amenaza directa para las napas freáticas y cuerpos de agua superficiales. Existe un riesgo concreto de afectación para la laguna Cesárea, categorizada como Refugio de Vida Silvestre, así como para la cuenca del río Colorado, recurso hídrico vital para la región, a través de las conexiones de las napas en el área de influencia del proyecto.
Transparencia y tensiones con comunidades locales. En cuanto a los derechos de las poblaciones locales, el proyecto ha sido cuestionado por ignorar las advertencias previas de comunidades mapuches y organizaciones civiles respecto al deterioro de la infraestructura. La falta de transparencia en la información pública y la recurrencia de incidentes —registrados por miles en los últimos años— configuran un escenario de desprotección frente a la presión productiva. El incremento de la actividad en Vaca Muerta ha llevado a la infraestructura actual a niveles de tensión operativa que, según análisis de política pública sectorial, explican la frecuencia de fallas técnicas y el consecuente impacto negativo sobre el ambiente y la salud de los ecosistemas locales.