Última Actualización: 2026-08-12
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Un experimento libertario para ceder bienes comunes al capital privado. Cinco claves para entender el régimen, sus beneficios y los riesgos que plantea.
El RIGI otorga beneficios cambiarios, tributarios y comerciales a inversiones superiores a USD 200 millones, con estabilidad garantizada por tres décadas.
El Observatorio lo monitorea desde una perspectiva de derechos humanos, justicia ambiental y soberanía territorial.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido mediante el Decreto N.° 749/2024, fue presentado como el eje central del plan económico del gobierno de Javier Milei en Argentina (2023-2027). Con beneficios cambiarios, tributarios y comerciales, busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en diferentes sectores productivos como hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y forestoindustria.
Su vigencia se extiende por treinta años y persigue dos objetivos principales: facilitar el ingreso de grandes capitales y acelerar las exportaciones en el corto plazo. En febrero de 2026, el Poder Ejecutivo usó su potestad para extender el plazo abierto para adherirse hasta julio de 2027, lo que permite que el régimen cubra la totalidad de la gestión de gobierno “libertaria”.
El RIGI refleja la orientación del gobierno libertario hacia una menor intervención estatal en la gestión de los bienes comunes, asignando un papel preponderante al sector privado. Asimismo, no prevé mecanismos integrales de planificación industrial ni incorpora disposiciones específicas para la protección ambiental o social de los ecosistemas y de las comunidades.
En su primer año, el RIGI se enfrentó con límites estructurales y dependencia de factores externos, como los precios internacionales y las decisiones de empresas extranjeras. La incertidumbre política y económica, sumada a la falta de infraestructura pública, fue como un freno para las inversiones que pretendía atraer. Pero a partir de febrero de 2026, el Decreto 105/2026 amplió el régimen para incorporar las actividades de exploración y producción de hidrocarburos (upstream). Eso cambió sustancialmente el alcance y en pocos meses se duplicó la inversión comprometida.
Para quienes lo analizamos desde la sociedad civil y la academia, el RIGI abre interrogantes que buscamos responder en esta espacio de alianza: dónde se ubican y qué sectores son los más dinámicos; cuáles son los principales impactos socioambientales en los territorios; qué implicancias tendrá en el entramado productivo nacional y qué controversias podrían provocar litigios internacionales contra el Estado argentino.