El proyecto del Gasoducto Dedicado SESA Tratayén–San Antonio Oeste es una pieza fundamental en la consolidación de un modelo energético primarizado que supedita la integridad ecosistémica y la seguridad hídrica regional a la demanda de exportación masiva de hidrocarburos no convencionales. Esta obra de infraestructura proyecta una inversión de USD 1.300 millones para trasladar alrededor del 27% de la producción nacional de gas no convencional. Incluye una planta compresora en Allen, instalaciones de superficie y un trazado que en gran parte se superpone con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, y puede evacuar un cuarto de lo que se extrae de Vaca Muerta.

Una de las principales cuestiones que plantea el proyecto se relaciona con la escala utilizada para su evaluación ambiental. Aunque se trata de una infraestructura interjurisdiccional que atraviesa Neuquén y Río Negro, la evaluación se desarrolla de manera diferenciada por jurisdicción. A ello se suma que parte de su trazado coincide o comparte áreas de intervención con otras grandes infraestructuras hidrocarburíferas, particularmente el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS). Esta superposición vuelve especialmente relevante contar con evaluaciones que permitan considerar los impactos acumulativos y sinérgicos de las distintas obras que atraviesan un mismo territorio, más allá del análisis individual de cada proyecto o tramo.

La iniciativa, gestionada por una sociedad anónima que integra capitales transnacionales de Argentina, Noruega y el Reino Unido, se inscribe en una política de expansión extractiva orientada a colocar cerca del 80% de la producción en mercados externos, profundizando la condición de la cuenca neuquina como un enclave de exportación. Así, mientras los beneficios financieros y las garantías de estabilidad se orientan a grandes actores corporativos, los costos ambientales de la técnica del fracking son absorbidos por las comunidades locales. Este es un caso en el que, además, la legitimidad de las instancias de participación ciudadana ha sido cuestionada en tanto las audiencias públicas fueron llevadas adelante sin cumplir con todas una participación previa, libre e informada que tuviera incidencia en la toma de decisiones.

En términos socioeconómicos, el proyecto exhibe la volatilidad característica de las industrias extractivas. Aunque se estima la generación de 2.489 empleos totales durante la fase de construcción, la demanda de mano de obra directa para la operación permanente del ducto se reduce a apenas 36 puestos. Esta dinámica de empleo transitorio se suma a las tensiones registradas entre actores económicos de alto nivel y el gobierno nacional por la adjudicación de suministros a proveedores externos, por ejemplo respecto a la adjudicación de los caños a la firma india Welspun —por sobre Tenaris, del grupo Techint, lo que debilita el discurso institucional sobre el fortalecimiento de los encadenamientos productivos nacionales.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Intensificación de la frontera extractiva y riesgo hídrico. El principal impacto ambiental del gasoducto no deriva de la infraestructura en sí, sino de la expansión de la frontera del fracking que este hace posible. La habilitación de una capacidad de evacuación de 28 millones de metros cúbicos diarios incentiva la perforación masiva de nuevos pozos, lo que incrementa exponencialmente la demanda de agua dulce en la cuenca y la generación de residuos peligrosos (lodos y retornos contaminados). Esta presión sobre los bienes comunes se produce en un marco de “carbon lock-in”, donde la inversión en infraestructura fósil de largo plazo posterga la transición hacia fuentes renovables y agrava los riesgos de contaminación de acuíferos y suelos.

Fragmentación de la evaluación y vulneración de derechos Desde la perspectiva de los derechos humanos y la transparencia, el proyecto presenta deficiencias críticas en el acceso a la información ambiental. La fragmentación del Estudio de Impacto Ambiental impide evaluar los efectos sinérgicos que la obra tendrá sobre los ecosistemas y las comunidades al superponerse con otras infraestructuras petroleras existentes. Esta opacidad administrativa, sumada a la participación social limitada en las audiencias de las localidades afectadas, constituye una debilidad en la gobernanza territorial que favorece los intereses corporativos sobre el derecho a un ambiente sano y a la autodeterminación de las poblaciones locales.