La elección de Belém do Pará para la COP30 fue simbólica. Situó las negociaciones climáticas en el corazón de la Amazonía, teóricamente poniendo en el centro a los pueblos indígenas y las voces del Sur Global. Sin embargo, al concluir la cumbre, la realidad observada desde América Latina sugiere que aún estamos lejos de presenciar una “transición justa”. En todo caso, lo que vemos es una reorganización de las dependencias coloniales bajo una bandera verde.

Lejos de promover medidas que favorezcan el desarrollo del Sur, el actual esquema profundiza la desigualdad global. La urgente necesidad de descarbonizar el Norte sigue alimentando una lógica de “zonas de sacrificio” en nuestros territorios, amenazando tanto los derechos humanos como la soberanía democrática.

La arquitectura de la transición energética

La tensión central en la COP30 no fue técnica, sino política. El mundo corre para asegurar minerales críticos —como el litio— esenciales para la movilidad eléctrica en Europa y en Estados Unidos. Para los países del mal llamado “Triángulo del Litio” (Argentina, Bolivia y Chile), esto ha desencadenado una carrera hacia el fondo. No es un dato menor: estos tres países concentran más del 50% de los recursos mundiales de este mineral. Sin embargo, en lugar de apalancar ese valor estratégico, se incentiva una competencia basada en quién ofrece los recursos más baratos y con menos obstáculos.

Argentina sirve como una advertencia de esta dinámica. El país está implementando el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un marco legal diseñado para atraer capital extractivo a cualquier costo. Este régimen otorga a las corporaciones estabilidad fiscal por 30 años y permite que las disputas se resuelvan en tribunales internacionales de arbitraje, eludiendo efectivamente la justicia local y la soberanía legislativa, entre otras salvaguardas ambientales y de derechos humanos.

No se trata simplemente de una política económica; es una renuncia del Estado a su capacidad para proteger su territorio y una entrega de soberanía. Al priorizar la estabilidad corporativa sobre el sistema legal, el Estado permite que la transición ocurra a pesar de la gente, no con ella. El resultado es un “extractivismo verde”: la extracción de minerales favorece que una transición en el Norte, mientras se secan las cuencas y se vulneran los derechos de los pueblos indígenas en los salares altoandinos, ignorando sistemáticamente su derecho al consentimiento libre, previo e informado.

La represión de la disidencia

Un modelo extractivo que ignora el consentimiento comunitario requiere una oposición desmovilizada para funcionar. En consecuencia, la transición energética en América Latina parece construirse sobre la reducción del espacio cívico. En Argentina, esto se institucionaliza mediante dispositivos como la “Unidad de Seguridad Productiva“, una fuerza federal creada específicamente para intervenir en conflictos que amenacen actividades “estratégicamente productivas” (extractivas), o el “protocolo anti-protestas”, una normativa que habilita la intervención de fuerzas federales ante cortes de vías de circulación, legitimando la represión y criminalización de manifestaciones pacíficas.

Esta tendencia represiva mostró su veta durante la COP30. En un movimiento profundamente preocupante, el Secretariado de la CMNUCC envió una carta formal al gobierno brasileño tras un incidente de seguridad, solicitando una mayor presencia de fuerzas de seguridad ante las protestas cerca de la sede. Como señalamos las organizaciones de la sociedad civil en nuestro Llamamiento Urgente al Secretario Ejecutivo Simon Stiell, esto sienta un precedente negativo. Si el propio organismo que convoca las negociaciones climáticas alienta la securitización de la ciudad anfitriona, la promesa de una participación inclusiva se desvanece, consolidando mecanismos de exclusión que silencian a quienes habitan los territorios más afectados.

La asimetría del poder y la inacción climática

Más allá de la insuficiencia de los mecanismos voluntarios de responsabilidad corporativa, la COP30 dejó en evidencia una captura corporativa del espacio de negociación. Los pasillos de la cumbre estuvieron colmados de lobistas de las grandes corporaciones fósiles y del agronegocio, cuya presencia superó en número y acceso a las delegaciones indígenas, activistas y representantes de la sociedad civil.

Esta disparidad de fuerzas derivó en negociaciones tibias donde, una vez más, la demanda de la sociedad civil por eliminar los combustibles fósiles se vio frustrada. La falta de avances en este punto crucial revela una paradoja: mientras el Norte retrasa sus compromisos reales de descarbonización y eliminación de fósiles, profundiza la dependencia del Sur como proveedor de materias primas para su supuesta transición tecnológica.

Conclusión: Una lucha política

La narrativa impulsada en Belém a menudo enmarcó la transición como un desafío técnico de capacidad y finanzas. Sin embargo, desde una perspectiva latinoamericana, no puede desconocerse que se trata de una lucha geopolítica. Si la transición implica sacrificio territorial, represión de las comunidades indígenas y la desecación de nuestros ecosistemas para mantener los patrones de consumo en el Norte, no es justicia climática.

Para que la transición sea verdaderamente “justa”, podemos dejar de preguntar simplemente cómo extraer recursos más rápido y empezar a preguntar para quién y bajo qué condiciones de poder. Necesitamos una estrategia regional basada en la cooperación que evite la competencia entre los países del Sur.

En este sentido, herramientas regionales como el Acuerdo de Escazú emergen como un imperativo. Aunque su implementación es aún incipiente y desigual en el continente, este tratado ofrece la hoja de ruta legal indispensable para garantizar el acceso a la información, la participación pública y, crucialmente, la protección de los defensores ambientales frente a la violencia. Necesitamos Estados comprometidos que no renuncien a su rol de garantes de derechos y que impulsen estas buenas prácticas como política de Estado. Y lo más importante, debemos entender que no hay salvación climática sin derechos humanos. La transición energética o redefine el poder entre el Norte y el Sur, o será un nuevo revés para la ya erosionada democracia global.

Columna publicada el 9 de diciembre de 2025 en RevDem (Review of Democracy).

Por Mariana Paterlini, coordinadora del Área de Justicia Ambiental y Territorial del CELS.