Cauchari-Olaroz es un proyecto de litio en operación desde hace varios años en la Puna jujeña. Su incorporación al RIGI no supone, por lo tanto, la llegada de una nueva actividad al territorio, sino la ampliación de una explotación ya instalada, con una inversión declarada de USD 1.241 millones destinada a incrementar significativamente su capacidad. Este antecedente resulta relevante para evaluar el efecto del régimen: los beneficios del RIGI se aplican en este caso al escalamiento de un proyecto que ya había atravesado las etapas de exploración, construcción y puesta en producción.

La ampliación se desarrolla además sobre un territorio que acumula años de intervención minera. Por ello, uno de los principales desafíos ambientales consiste en evaluar no solamente los impactos adicionales de la nueva inversión, sino los efectos acumulativos de las distintas etapas de Cauchari-Olaroz y de otros proyectos que utilizan los mismos sistemas hídricos de la Puna. Los impactos acumulativos deben ser tenidos en cuenta en la medida que impactan sobre vegas, humedales y otros ecosistemas frágiles, que tienen un equilibrio delicado y sobre los cuales ya existen antecedentes de secamiento. 

La estructura empresarial del proyecto también presenta una particularidad: combina capitales privados internacionales con la participación de JEMSE, la empresa estatal jujeña.

Impactos socioambientales y afectaciones a los derechos territoriales

Agua, área protegida e impactos acumulativos. La ampliación de Cauchari-Olaroz se desarrolla en un salar sometido a explotación minera desde hace años y dentro de la Reserva Provincial de Fauna y Flora Olaroz-Cauchari, creada para la protección de la biodiversidad local. Si bien la normativa admite la actividad minera bajo determinadas condiciones, la expansión de la producción plantea nuevos desafíos para un ecosistema árido y particularmente sensible a las modificaciones en la disponibilidad de agua. La extracción de salmuera y el abastecimiento hídrico para el proceso productivo deben analizarse considerando no solo esta nueva etapa del proyecto, sino la evolución de la cuenca a lo largo del tiempo y la interacción con otras operaciones mineras que utilizan los mismos sistemas hídricos. En este contexto, una evaluación limitada a los impactos incrementales de la ampliación puede resultar insuficiente para identificar cambios acumulativos en acuíferos, vegas y humedales altoandinos. El monitoreo de largo plazo y el acceso público a información sobre extracción de salmuera, consumo de agua, niveles de acuíferos y estado de los humedales resultan fundamentales para evaluar los efectos de una actividad que continúa aumentando su escala en el territorio.

Cambio tecnológico y nuevos interrogantes ambientales. La ampliación incorpora modificaciones tecnológicas orientadas a aumentar la producción y mejorar la eficiencia del proceso. En la medida en que se avance con tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE), será necesario evaluar sus resultados concretos a escala industrial. Estas tecnologías pueden reducir determinados impactos asociados a los grandes sistemas de evaporación, pero no eliminan por sí mismas los problemas vinculados con la extracción de salmuera, el consumo de agua y la gestión de residuos y reactivos. Su desempeño ambiental dependerá de la tecnología específica utilizada y de las características hidrogeológicas del salar.

Comunidades y negociación de los beneficios. En el territorio de Cauchari-Olaroz habitan comunidades indígenas con derechos específicos de participación y consulta frente a decisiones que afectan sus territorios. Diversos estudios han documentado cuestionamientos y vulneraciones de estos derechos durante las etapas iniciales del desarrollo minero, particularmente en relación con el acceso a la información y las condiciones en que se desarrollaron los procesos de consulta y negociación. Con el avance de la explotación, la relación entre las comunidades y las empresas también se articuló a través de negociaciones en torno al empleo, las contrataciones, las compensaciones y otros beneficios asociados a la actividad. Frente a una nueva ampliación de Cauchari-Olaroz, estos derechos deben garantizarse nuevamente, junto con el acceso a información ambiental suficiente y actualizada. 

Inestabilidad laboral y flexibilización de condiciones. En el ámbito sociolaboral, la ampliación se ha visto afectada por denuncias de despidos injustificados y cambios en la organización del trabajo. Representantes gremiales sostienen que la empresa busca mantener o incrementar los niveles de producción con una dotación reducida de personal, proponiendo jornadas de 12 horas diarias que alteran los esquemas de descanso vigentes. Estas tensiones contradicen las expectativas de desarrollo socioeconómico local planteadas por la operadora y reflejan una configuración donde los beneficios financieros de la gran inversión no se traducen necesariamente en mejores condiciones de vida para la población trabajadora de la región.