La ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM), a cargo de Transportadora de Gas del Sur (TGS), constituye una infraestructura clave para sostener la expansión de la producción de gas de Vaca Muerta. Con una inversión estimada de USD 550 millones a cargo de la firma Transportadora de Gas del Sur (TGS)— busca incrementar la capacidad de transporte de gas desde Vaca Muerta, proyectando alcanzar los 35 millones de metros cúbicos diarios para 2027.  

Su incorporación al RIGI muestra cómo los beneficios del régimen también se orientan a ampliar la infraestructura necesaria para profundizar la explotación de hidrocarburos no convencionales.  En este sentido, los impactos del proyecto no pueden analizarse exclusivamente a partir de las obras del gasoducto: una mayor capacidad de transporte habilita el crecimiento de la producción y, con ello, la perforación de nuevos pozos mediante fracking. 

Esta expansión supone mayores presiones ambientales sobre la cuenca neuquina, asociadas al consumo de agua, la generación y tratamiento de residuos, las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero y la creciente ocupación del territorio por infraestructura hidrocarburífera. La ampliación plantea así una cuestión más amplia sobre el RIGI: en qué medida el otorgamiento de beneficios extraordinarios a infraestructura fósil contribuye a consolidar una trayectoria de expansión hidrocarburífera de largo plazo, con impactos ambientales que exceden ampliamente la obra considerada de manera aislada.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Vulnerabilidad hídrica y riesgos operativos del fracking inducido. El principal impacto ambiental del proyecto deriva de la intensificación del fracking que requiere. Esta técnica demanda grandes volúmenes de agua dulce por pozo, incrementando la presión sobre las cuencas hídricas en una región de características semiáridas. El proceso genera, además, retornos de fluidos contaminados con metales pesados y aditivos químicos que requieren una gestión compleja como residuos peligrosos para evitar filtraciones en el suelo y acuíferos. A esto se suman los riesgos asociados a la sismicidad inducida por la inyección de fluidos de desecho y las emisiones fugitivas de metano, un gas de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento global.

Fragmentación territorial y conflictividad social. En la dimensión territorial, el despliegue de nuevas plantas compresoras y la extensión del ducto provocan una fragmentación irreversible de los ecosistemas locales debido a la apertura de caminos e instalación de infraestructura de superficie. En términos sociales, el proyecto se desarrolla en un contexto de tensiones con comunidades locales, entre las que hay pueblos indígenas, por el acceso al agua y la soberanía del territorio. Asimismo, la expansión acelerada de la actividad minero-energética genera distorsiones en las economías regionales, manifestadas en el encarecimiento del costo de vida, la presión sobre la capacidad de los servicios urbanos y la profundización de las desigualdades sociales en las localidades que actúan como cabeceras del proyecto.