El Proyecto Fénix – Expansión Fase 1B, operado por la transnacional de capitales angloaustralianos Rio Tinto, constituye un modelo de intensificación minera que prioriza el escalamiento de la producción de litio sobre la transparencia en la gestión de recursos hídricos críticos y el cumplimiento de estándares internacionales de consulta previa. Con una inversión estimada de USD 531 millones bajo el amparo del RIGI, esta ampliación en el Salar del Hombre Muerto proyecta alcanzar una capacidad total de 38.000 toneladas anuales de carbonato de litio. Sin embargo, su implementación se desarrolla en un escenario de marcada judicialización y crisis ecológica, donde el avance de la infraestructura industrial —que incluye plantas de procesamiento y perforaciones de salmuera— colisiona con fallos de la máxima autoridad judicial provincial que exigen una evaluación de impacto ambiental integral y acumulativa para toda la cuenca del río Los Patos, actualmente inexistente.

La legitimidad del proyecto se encuentra comprometida por la persistencia de prácticas de opacidad estatal y corporativa en relación con el uso del agua. Autoridades judiciales han señalado el incumplimiento de la normativa de acceso a la información ambiental, tras detectarse la omisión de datos clave sobre permisos de extracción en ecosistemas de alta montaña que se encuentran en retroceso hídrico. A este déficit de gobernanza se suma un frente judicial por presuntas irregularidades comerciales heredadas de la administración previa del yacimiento, vinculadas a la declaración de exportaciones por debajo de los precios de referencia internacionales para reducir cargas tributarias, hecho que actualmente se encuentra bajo investigación penal.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Estrés hídrico y degradación de ecosistemas frágiles. El principal impacto ambiental del Proyecto Fénix reside en su dependencia de un uso intensivo de agua en cuencas de extrema sensibilidad. El retroceso de ríos y napas, junto con la desecación de la Vega del Río Trapiche, evidencia una alteración de los sistemas hídricos que sostienen la biodiversidad y la vida en la Puna. Si bien la planta emplea tecnología de extracción directa de litio (DLE) por adsorción selectiva, las operaciones se vinculan a sistemas hidrológicos frágiles que se encuentran conectados a ambientes periglaciares. La falta de un estudio de impacto integral impide dimensionar el efecto sinérgico de esta expansión junto a otros proyectos simultáneos en el Salar del Hombre Muerto, lo que profundiza la vulnerabilidad de los recursos hídricos locales.

Vulneración del derecho a la consulta y participación comunitaria. Desde la perspectiva de los derechos humanos, se han registrado denuncias sistemáticas por el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT y del Acuerdo de Escazú. Comunidades originarias de la región, como los Atacameños del Altiplano, han señalado que las instancias de participación técnica funcionan como trámites formales carentes de información adecuada, accesibilidad y plazos razonables para una intervención real. Estas irregularidades administrativas, sumadas al hostigamiento denunciado por actores locales, configuran un escenario donde la seguridad jurídica del inversor prevalece sobre los derechos territoriales y la autodeterminación de los pueblos indígenas.

Controversias judiciales. El proyecto enfrenta un procesamiento por el presunto delito de contrabando de exportación cometido entre 2022 y 2023. La investigación judicial sostiene que la operadora habría subfacturado envíos de carbonato de litio para eludir tributos aduaneros. Aunque la actual titularidad del proyecto anunció que apelará la decisión, este antecedente de falta de transparencia comercial, sumado a los vínculos de una ex funcionaria y legisladora con firmas de tecnología minera asociadas al sector, provoca interrogantes sobre la integridad de la gestión y el control estatal sobre la renta minera en el territorio.