El proyecto de licuefacción de gas natural de Southern Energy (SESA) constituye un hito en la consolidación de un modelo hidrocarburífero de orientación exportadora que antepone la captura de rentas externas a la preservación de ecosistemas marinos históricamente protegidos. Bajo la figura de Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del RIGI, esta iniciativa proyecta una inversión de USD 15.156 millones para transformar el Golfo San Matías en un nodo industrial de escala global. La estrategia se fundamenta en la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG) —el “Hilli Episeyo” y el “MKII”— con una capacidad conjunta de producción cercana a los 6 millones de toneladas anuales de GNL. Sin embargo, este despliegue de infraestructura ocurre tras una cuestionada modificación de la Ley provincial 3.308, la cual brindaba protección específica al golfo frente a la actividad hidrocarburífera, lo que evidencia una priorización de la normativa de fomento inversor sobre los marcos de conservación ambiental preexistentes.

El proyecto no funciona de manera aislada, sino que actúa como un catalizador para la intensificación de la explotación en Vaca Muerta, vinculándose mediante un gasoducto dedicado que conecta la cuenca con la costa rionegrina. Esta integración sistémica asegura un suministro sostenido de grandes volúmenes de gas, transformando el recurso en una mercancía transportable para mercados internacionales, como lo demuestra el acuerdo marco con la empresa estatal alemana SEFE para la venta de 2 millones de toneladas anuales. Desde una perspectiva crítica, el proyecto representa una nueva frontera fósil que genera una demanda permanente de gas, profundizando la dependencia de la matriz extractiva y desplazando el objetivo histórico del abastecimiento interno en favor de la exportación competitiva facilitada por las reformas de la Ley Bases.

La legitimidad del proceso se ha visto afectada por discrepancias en la escala del proyecto presentado a la ciudadanía. Se ha señalado que la audiencia pública realizada en diciembre de 2024 evaluó un esquema que contemplaba un solo buque y un consorcio reducido, pero posteriormente el emprendimiento duplicó su capacidad operativa e incorporó nuevos socios transnacionales. Este cambio sustantivo en las dimensiones del proyecto, ocurrido tras la instancia de participación, plantea interrogantes sobre la validez del procedimiento de evaluación y la suficiencia de la consulta pública original.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Riesgo ecológico y vulnerabilidad de la biodiversidad marina. La introducción de actividad industrial de alta intensidad en el Golfo San Matías conlleva riesgos operativos vinculados al aumento del tráfico de buques de gran calado, emisiones derivadas del proceso de licuefacción y la posibilidad de accidentes o derrames. Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el proyecto podría alterar de manera irreversible las condiciones ambientales que sostienen la biodiversidad local y actividades económicas tradicionales como la pesca artesanal y el turismo de naturaleza. La ausencia de una evaluación ambiental estratégica que contemple los efectos acumulativos con otros proyectos conexos, como VMOS, constituye una debilidad crítica en la gestión de los riesgos ecosistémicos.

Déficits en la participación pública y el acceso a la información. En la dimensión de los derechos humanos, se han identificado vulneraciones relacionadas con los estándares del Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. Las críticas se centran en que la participación ciudadana ha sido restringida territorialmente y que la información técnica disponible no reflejó la magnitud final de la obra. Esta opacidad en la transición de un proyecto de escala media a una infraestructura de exportación masiva compromete el derecho de las poblaciones locales a intervenir de manera informada en las decisiones que afectan su territorio ancestral y sus medios de vida.

Conflictividad territorial y seguridad jurídica diferencial. La transformación del golfo en una plataforma de exportación genera una tensión estructural entre la seguridad jurídica otorgada a los inversores a través del RIGI y la protección de los derechos de las comunidades costeras. Las denuncias interpuestas ante tribunales de arbitraje y la movilización de organizaciones locales reflejan un escenario de conflictividad latente derivado de la percepción de que los marcos regulatorios han sido adaptados para facilitar el flujo de capitales extranjeros, relegando la gobernanza ambiental y social a un plano secundario.