El proyecto Midstream Rincón de Aranda (RDA), impulsado por la empresa de capitales nacionales Pampa Energía, representa una profundización estratégica de la frontera de hidrocarburos no convencionales que refuerza el compromiso de largo plazo con los combustibles fósiles en la cuenca neuquina. Al priorizar la construcción de una vasta red de procesamiento y transporte bajo el amparo del RIGI, la iniciativa consolida un modelo extractivo que contradice los objetivos globales de transición energética y mitigación del cambio climático. Con una inversión estimada de USD 376 millones, el proyecto no solo contempla la perforación de 259 nuevos pozos horizontales en el yacimiento Rincón de Aranda, sino que establece un entramado de infraestructura crítica diseñado para evacuar la producción hacia mercados de exportación. Esta lógica de “anclaje de carbono” (carbon lock-in) asegura la continuidad operativa del fracking por décadas, postergando la diversificación de la matriz energética nacional en favor de una rentabilidad exportadora inmediata.

La relevancia técnica de Midstream RDA radica en su función como nodo conector dentro del sistema de Vaca Muerta. La infraestructura proyectada incluye plantas de tratamiento, estaciones de bombeo y una red de oleoductos y gasoductos que vincularán el yacimiento con sistemas troncales de evacuación estratégica, como el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur. No obstante, este despliegue ocurre en un territorio ya saturado por problemáticas estructurales, donde el fomento estatal a través del RIGI parece omitir la evaluación de los impactos acumulativos sobre los ecosistemas y la sostenibilidad hídrica de la región.

Socioeconómicamente, el proyecto prevé la generación de 850 empleos directos y 595 indirectos durante su fase de construcción, cifras que se reducen drásticamente a 50 y 35 puestos, respectivamente, durante la operación. Esta fluctuación laboral es característica de los enclaves extractivos, donde el mayor impacto económico local es transitorio y vinculado a la obra civil. Asimismo, la dimensión institucional del proyecto está atravesada por tensiones contractuales: Pampa Energía mantiene una disputa judicial con la empresa estatal de energía por el incumplimiento de pagos derivados del Plan Gas, lo que introduce un factor de incertidumbre sobre la estabilidad de los marcos de comercialización interna frente a la urgencia de la exportación facilitada por el RIGI.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Riesgos climáticos y emisiones de metano. Uno de los impactos ambientales más críticos asociados a las operaciones de Pampa Energía es la fuga de gas metano sin combustión. Los registros indican que la empresa ha declarado incidentes de pérdidas gaseosas que poseen un potencial de calentamiento global significativamente superior al del dióxido de carbono. La falta de sistemas de control de emisiones más rigurosos en la infraestructura de transporte y procesamiento constituye una contradicción directa con el discurso de sostenibilidad de la industria, contribuyendo de manera desproporcionada al agravamiento de la crisis climática en el marco de la explotación de recursos no convencionales.

Gestión de residuos peligrosos y vulnerabilidad hídrica. La operación de 259 pozos mediante la técnica de estimulación hidráulica genera volúmenes masivos de residuos tóxicos, tales como lodos y recortes de perforación contaminados con químicos e hidrocarburos. Las fuentes señalan preocupaciones persistentes sobre la gestión de estos desechos, que frecuentemente son almacenados en piletones o trasladados a centros de tratamiento con capacidades limitadas. El descarte de líquidos en pozos sumideros representa un riesgo latente para la integridad de los recursos hídricos subterráneos y la calidad del suelo, configurando una amenaza a los derechos ambientales de las poblaciones circundantes.

Fragmentación del ecosistema y conflictividad estructural. El desarrollo de infraestructura de superficie, que incluye caminos, ductos y plantas, provoca una fragmentación irreversible de los ecosistemas en el departamento de Añelo. Aunque el proyecto Midstream RDA se presenta como una adhesión estándar al RIGI bajo evaluación, se inserta en un contexto de conflictividad socioambiental y laboral que es constitutivo de la zona de Vaca Muerta. La omisión de un análisis que integre el uso intensivo de agua y la gestión de la sismicidad inducida, problemas recurrentes en la cuenca, sitúa a este proyecto como un factor de profundización de la presión territorial sobre una región cuya gobernanza ambiental se encuentra desbordada por el ritmo de la inversión extractiva.