Última Actualización: 2026-08-12
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El Distrito Vicuña, que integra los proyectos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, constituye una de las mayores inversiones mineras proyectadas en la Argentina. Con una inversión estimada de USD 9.712 millones, incorporada al RIGI en 2026, el proyecto es desarrollado por Vicuña Corp., controlada por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, y busca explotar a gran escala reservas de cobre, oro y plata ubicadas en la alta cordillera.
La integración de ambos yacimientos amplía considerablemente la escala inicialmente prevista y demanda grandes cantidades de agua, energía e infraestructura. El proyecto se desarrolla entre los 4.000 y 4.900 metros de altura, en un ambiente cordillerano de elevada fragilidad y con presencia de glaciares y geoformas periglaciales. Al mismo tiempo, sus necesidades de infraestructura eléctrica y logística ya generaron controversias con otros proyectos mineros y con la provincia de La Rioja.
La magnitud de la inversión genera también importantes expectativas de empleo y actividad económica. Sin embargo, las disputas por la contratación de trabajadores y proveedores locales muestran que la distribución territorial de esos beneficios constituye uno de los principales puntos de conflicto.
Agua, glaciares y minería de alta montaña. Vicuña se localiza en un ambiente cordillerano con presencia de glaciares y geoformas periglaciales, donde el agua constituye un recurso estratégico para los ecosistemas y las actividades productivas aguas abajo. La integración de Josemaría y Filo del Sol incrementa la escala de las operaciones y vuelve especialmente relevante evaluar sus efectos conjuntos sobre las cuencas hídricas. El avance del proyecto coincide, además, con las discusiones sobre los alcances de la Ley de Glaciares y las áreas de alta montaña que pueden ser habilitadas para la minería.
Empleo local y encadenamientos productivos. La ampliación del campamento de Vicuña fue adjudicada a un consorcio liderado por empresas chinas, que prevé fabricar los módulos habitacionales en China y montarlos en Argentina. La decisión generó cuestionamientos de proveedores locales con capacidad para producir esa infraestructura en el país. El caso expone una tensión central del RIGI: mientras el régimen facilita las importaciones para las grandes inversiones, las pymes nacionales enfrentan mayores dificultades para capturar parte de esa demanda y generar encadenamientos productivos locales.
Un proyecto sanjuanino con impactos en La Rioja. Aunque Vicuña se encuentra en San Juan, su logística atraviesa territorio riojano. Durante la etapa de preconstrucción, cientos de camiones y vehículos utilizaron aproximadamente 200 kilómetros de rutas de La Rioja para acceder al proyecto. En 2026, organizaciones sociales y autoridades locales bloquearon el tránsito y reclamaron por la falta de permisos ambientales, los impactos sobre las rutas y compromisos pendientes de contratación de trabajadores y proveedores locales. El conflicto llegó posteriormente a la Justicia y expuso un problema de gobernanza interprovincial: los impactos territoriales de una inversión de esta escala no necesariamente coinciden con los límites de la provincia que autoriza y recibe el proyecto.
Disputa por la energía. Vicuña proyecta una demanda inicial de 260 MW, que podría alcanzar los 700 MW en su etapa de máxima expansión. Para abastecerla necesita ampliar estaciones transformadoras y construir nuevas líneas de alta tensión para conectarse al sistema nacional. El proyecto obtuvo prioridad sobre el 90% de la capacidad remanente del corredor Nueva San Juan–Rodeo, decisión cuestionada por otros proyectos mineros —Los Azules, Casposo, Hualilán y El Pachón— y por autoridades provinciales. La controversia muestra cómo la expansión simultánea de grandes proyectos comienza a generar una disputa por el acceso y control de una infraestructura eléctrica limitada, y abre interrogantes sobre quién financia su expansión y cómo se definen sus prioridades de uso.