El Proyecto San Jorge busca avanzar en Mendoza, una provincia árida donde el agua es un recurso escaso y fundamental para sostener sus oasis productivos. Durante décadas, pequeños productores, organizaciones sociales y comunidades locales han resistido el avance de la minería metalífera a gran escala por sus posibles impactos sobre las fuentes de agua de las que dependen la agricultura y otras actividades productivas. Estas movilizaciones fueron centrales en la defensa de la Ley 7722, que estableció fuertes restricciones al uso de sustancias químicas en la minería y se convirtió en un símbolo de la protección del agua en la provincia. En este contexto, la iniciativa impulsada por Zonda Metals y Alberdi Energy enfrenta importantes cuestionamientos sociales y ambientales. Aunque el proyecto prevé una inversión de USD 630 millones y fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en 2026, retoma una iniciativa que había sido frenada hace más de quince años luego de una intensa movilización social. Su reactivación vuelve así a poner en tensión la promoción de nuevas inversiones mineras con la defensa del agua y de las economías productivas locales.

Desde una perspectiva técnica y económica, la operación proyecta una vida útil de 16 años para la extracción de concentrado de cobre y oro. La infraestructura necesaria incluye un tajo abierto, escombreras y plantas de procesamiento, lo que implica una transformación irreversible del paisaje de montaña en Uspallata.  La estrategia corporativa de presentar nuevos Informes de Impacto Ambiental es interpretada por diversos sectores de la sociedad civil no como una mejora sustantiva en los estándares, sino como un mecanismo para eludir las restricciones provinciales vigentes mediante la omisión de detalles técnicos críticos sobre el procesamiento de minerales y el uso de sustancias químicas.

Impactos socioambientales, territoriales y sobre los derechos humanos

Riesgos hídricos y técnicos bajo la Ley 7722. El principal punto de fricción radica en el abastecimiento hídrico del arroyo El Tigre. Si bien la empresa sostiene que el caudal es suficiente para la operación, organizaciones socioambientales advierten sobre el impacto acumulativo que el consumo intensivo de agua —propio de la minería a cielo abierto— tendrá sobre las cuencas superficiales y subterráneas. Asimismo, persiste una controversia técnica respecto a la Ley 7722: aunque se declara que no se utilizarán sustancias prohibidas como el cianuro o el mercurio, las críticas señalan la falta de transparencia en la descripción de los reactivos alternativos empleados en el proceso de flotación. Esto podría constituir una afectación indirecta a la calidad del agua en una provincia donde el recurso es estratégico y escaso. El proyecto también demanda un consumo energético masivo, superior a los 224 millones de kWh anuales, cuya provisión requiere infraestructura de alta tensión que tensiona la red eléctrica regional.

Derechos humanos y criminalización de la protesta. En el ámbito social, el proyecto se asocia con un incremento en la conflictividad y denuncias de vulneración de derechos humanos. Se han registrado procesos de hostigamiento y criminalización dirigidos contra referentes de la asamblea vecinal de Uspallata, quienes han sido objeto de allanamientos y causas judiciales tras manifestar su oposición al emprendimiento. Estos incidentes, que incluyen agresiones físicas atribuidas a sectores vinculados a gremios del sector durante la apertura de oficinas mineras, son presentados por la sociedad civil como una estrategia de disciplinamiento para desarticular la resistencia territorial. La falta de una licencia social robusta y la respuesta judicializada frente a la protesta ambiental evidencian una configuración institucional donde la prioridad otorgada a la inversión extranjera bajo el RIGI entra en conflicto directo con el derecho de las comunidades a la autodeterminación y a la preservación de su entorno natural,.