Una alianza estratégica entre organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación y espacios académicos para investigar, monitorear y visibilizar los impactos económicos, ambientales, sociales y territoriales del RIGI en la Argentina.
Esta alianza estratégica responde a la necesidad de generar análisis rigurosos y datos sistemáticos sobre los impactos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, desde una perspectiva que privilegie los derechos humanos, la justicia ambiental y la soberanía territorial.
El Observatorio concibe al RIGI como un dispositivo de reorganización de las relaciones centro-periferia que profundiza los patrones extractivistas y de reprimarización de la economía argentina. Nuestro enfoque analítico se fundamenta en la comprensión de que este régimen representa una ampliación de privilegios para las grandes corporaciones nacionales y extranjeras. Para ello, subordina las capacidades regulatorias del Estado y limita severamente los derechos de las comunidades locales a participar en las decisiones que afectan sus territorios.
A través de metodologías participativas e interdisciplinarias, buscamos generar información pública y accesible que visibilice las asimetrías de poder inherentes al RIGI, así como las violaciones a los derechos humanos y ambientales que se derivan de su implementación.
Este Observatorio se posiciona como un espacio de construcción de conocimiento. Nuestro objetivo es proporcionar herramientas analíticas y evidencia empírica para democratizar el conocimiento, incidir en el debate público y aportar para la generación de políticas desde una perspectiva transformadora.
El monitoreo sistemático de los proyectos incorporados al RIGI y sus impactos socioambientales;
El análisis de los flujos financieros y los impactos de este régimen sobre la capacidad recaudatoria del Estado;
El estudio de las empresas extranjeras y nacionales que están involucradas en los proyectos del RIGI;
La documentación de las resistencias territoriales que emergen desde los pueblos afectados por las inversiones, las cuales conllevan en gran parte la criminalización y hostigamiento de los activistas.