Vaca Muerta hacia el Atlántico: expansión y sacrificios
Para dimensionar cabalmente el impacto socioeconómico y ambiental del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), es necesario señalar que dos de los tres primeros proyectos aprobados —en orden cronológico— por su Comité Evaluador son de infraestructura orientada a la exportación de petróleo y gas natural licuado (GNL) en el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro: se trata de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy.
Por Ariel SLIPAK • Fundación Ambiente y Recursos Naturales 
- Los procedimientos de evaluación ambiental y participación ciudadana fueron fragmentados y limitados, incumpliendo principios de evaluación estratégica y el Acuerdo de Escazú, y excluyendo a comunidades afectadas del debate público.
- La narrativa de desarrollo se construye sobre la desregulación y la invisibilización de impactos negativos, comprometiendo economías locales como la pesca y el turismo, y afectando la salud, el ambiente y los derechos democráticos.
El primero, Vaca Muerta Oil Sur, consiste en la construcción de un oleoducto que conecta Añelo, en la formación de Vaca Muerta, con Punta Colorada, en el municipio de Sierra Grande. Allí se proyecta construir un puerto de aguas profundas con dos monoboyas para exportar crudo, lo cual conlleva un alto riesgo de derrames y microderrames que amenazan tanto la biodiversidad como los modos de vida de las comunidades costeras. El consorcio responsable está liderado por YPF e integrado también por Pan American Energy, Vista Energy, Pampa Energía, Chevron, Pluspetrol y Shell. En su fase final, el proyecto prevé una capacidad de exportación de 550.000 barriles diarios, ampliable a 700.000, cifra prácticamente equivalente a la producción total de crudo diaria de Argentina en 2024.
El segundo proyecto aprobado bajo el RIGI es Southern Energy, una iniciativa para exportar GNL mediante unidades flotantes de licuefacción (FLNG, por sus siglas en inglés), que serían instaladas frente a la ciudad turística de Las Grutas. El plan contempla dos buques: el Hilli Episeyo, que comenzaría operando con gas de la Cuenca Austral, y una segunda unidad (MKII) que requeriría la construcción de un gasoducto de aproximadamente 600 kilómetros para transportar gas desde Vaca Muerta hasta la costa atlántica. En conjunto, el proyecto proyecta exportar hasta 15 millones de toneladas de GNL por año, un volumen superior al 60 % del consumo interno anual de gas en Argentina.
El consorcio está integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y la empresa noruega Golar LNG, que aporta la tecnología y los buques. Esta iniciativa implica graves riesgos ambientales como por ejemplo el vertido de agua con temperaturas y salinidades fuera de los rangos normales del Golfo San Matías, el aumento de emisiones de metano —un gas de efecto invernadero extremadamente potente—, y la afectación directa sobre ecosistemas marinos sensibles.
A su vez, YPF lidera un tercer proyecto destinado a exportar GNL de Vaca Muerta, bajo el nombre Argentina LNG, desarrollado en asociación con Shell y, más recientemente, con la firma italiana Eni, con quien firmó un memorando de entendimiento. En la prensa, este proyecto se presenta como una propuesta en “tres etapas”, cuya primera fase sería el proyecto Southern Energy, con el objetivo de instalar hasta seis buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Formalmente, Argentina LNG aún no fue incorporado al RIGI ni atravesó audiencias públicas.
Más infraestructura fósil, menos biodiversidad, menos participación y menos democracia
El Golfo San Matías, ubicado en la provincia de Río Negro, forma parte de una ecorregión compartida con Península Valdés (provincia de Chubut), reconocida internacionalmente por su biodiversidad. Es hábitat y ruta migratoria de especies como la ballena franca austral, el delfín nariz de botella, el pingüino de
Magallanes y el caballito de mar patagónico (Ver Figura Nº2). Hasta agosto de 2022, la Ley Provincial 3.308 protegía al golfo de proyectos de infraestructura fósil. Esta norma, producto de una conquista social en
1999, fue modificada en septiembre de 2022 por la Ley Provincial 5.594,3 en un proceso ampliamente cuestionado por organizaciones sociales y comunidades locales.
Figura Nº2 • Golfo San Matías, áreas protegidas y proyectos del RIGI | Fuente: Observatorio Sismicidad Inducida (2024)
