El RIGI tras su primer año
El experimento libertario bajo la lupa. Escriben: Mariano Novas, Darío Clemente, Francisco Cantamutto, Ariel Slipak, Luna Miguens, Manuel Tufró, Cristian Fernández, Luciana Ghiotto, Bettina Mueller, María Julia Eliosoff, Alejandro Gaggero, Iara Haddad, y Joaquín Santucho.
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se ha convertido en una de las promesas centrales del programa económico de Javier Milei. Con beneficios cambiarios, tributarios y comerciales generosos, el régimen busca atraer inversiones superiores a los 200 millones de dólares en diferentes sectores productivos como hidrocarburos, minería, energía, infraestructura, tecnología, turismo, siderurgia y forestoindustria. El plazo para adherirse al régimen vence en julio de 2026, aunque el Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por un año más y persigue dos objetivos principales, facilitar el ingreso de grandes capitales y acelerar las exportaciones en el corto plazo.
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El RIGI refleja la orientación del gobierno hacia una menor intervención estatal en la gestión de los bienes comunes, asignando un papel preponderante al sector privado. Asimismo, no prevé mecanismos integrales de planificación industrial ni incorpora disposiciones específicas para la protección ambiental o social de los ecosistemas y de las comunidades en sus áreas de influencia. Hasta el momento se han presentado 19 solicitudes de adhesión al régimen, de las cuales fueron aprobadas 7 y 1 ha sido rechazada. Las inversiones más significativas, en términos de volumen de divisas, se concentran en actividades primario-extractivas, especialmente en proyectos destinados a expandir las exportaciones de Vaca Muerta en proyectos mineros de cobre, oro y litio.
Más allá del texto normativo, el RIGI muestra límites estructurales y riesgos políticos que vale la pena destacar. El funcionamiento del modelo libertario depende en gran medida de factores externos, como los vaivenes de precios internacionales y los intereses de empresas extranjeras. Todo parece indicar que los inversores internacionales aún ven con cautela la posibilidad de hundir capital antes de la contienda electoral de octubre de 2025. Si el plan económico del gobierno no funciona y los resultados electorales no son favorables, difícilmente traccione las inversiones deseadas. El propio Director de Barrick Gold en Argentina, Marcelo Álvarez, lo sintetizó durante el último Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas: “con el RIGI no alcanza”, manifestando su preocupación por la falta de inversión en infraestructura pública en rutas y redes eléctricas.
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A ello se suman las tensiones sociales existentes. La falta de participación ciudadana, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas y la criminalización de comunidades locales configuran un escenario especialmente preocupante en proyectos extractivos que se extienden por tres décadas. Tampoco se cumple la eterna promesa del empleo local. Incluso en las proyecciones más optimistas publicadas por el gobierno, las inversiones aprobadas prevén la creación de poco más de mil empleos directos. Esta cifra resulta aún más limitada si se considera que no existe un plan concreto de industrialización en origen ni de generación de encadenamientos productivos que permita traducir estas inversiones en un impacto económico duradero para las regiones involucradas.
En efecto, el RIGI abre interrogantes y líneas de análisis urgentes que este boletín busca abordar en esta primera edición: ¿Dónde se ubican y qué sectores son los más dinámicos hasta el momento? ¿Cuáles son los principales impactos socioambientales en los territorios? ¿Qué implicancias tendrá el nuevo régimen en el entramado productivo nacional? ¿Y qué margen existe para que futuras controversias desemboquen en litigios internacionales contra el Estado argentino? En este primer número del Observatorio del RIGI presentamos los datos vinculados a los proyectos presentados y aprobados. Aportamos una lectura de su funcionamiento y los desafíos que plantea en el futuro inmediato a partir de diferentes notas.
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En la primera nota, Mariano Novas y Dario Clemente (IIP-UNSAM/CONICET) ofrecen una descripción general de los proyectos ingresados al Ministerio de Economía durante 2024 y 2025 al tiempo que presentan la ubicación geográfica, el monto estimado de inversión y la cantidad de empleos que generan. Esta primera radiografía del régimen revela la centralidad adquirida por los sectores primario-extractivos, en particular la minería de litio y la infraestructura para multiplicar la exportación de Vaca Muerta.
En la segunda nota, Francisco Cantamutto (UNS/CONICET – ETFE) presenta la necesidad de poner el foco en la empresa YPF y su rol estratégico en la actual promoción del RIGI. El argumento central de este trabajo es que, pese al discurso antiestatista de Javier Milei, el gobierno depende de YPF para atraer inversiones y generar dólares vía exportaciones, especialmente en proyectos ligados al RIGI y Vaca Muerta.
En la tercera nota, Ariel Slipak (FARN – ETFE) analiza cómo el RIGI profundiza la vulneración de derechos ambientales, económicos, sociales y culturales a partir del análisis de dos casos concretos del RIGI: VMOS y Southern Energy. Para el autor, el RIGI no inaugura un modelo extractivo, sino que lo blinda institucionalmente, lo profundiza y lo desliga aún más de los principios democráticos, las comunidades locales y las economías regionales.
En la cuarta nota, Luna Miguens y Manuel Tufró (CELS) analizan en profundidad la creación de dispositivos de vigilancia y criminalización construídos por el Ejecutivo Nacional en pos de sofocar la resistencia social. Tanto la minería como la explotación hidrocarburífera provocan, hace varias décadas, poderosas tensiones sociales sobre el uso del territorio o aprovechamiento de los bienes comunes. En este sentido, la creación de la Unidad de Seguridad Productiva, resulta una pieza clave diseñada para limitar la protesta social en contra de los proyectos extractivos.
En la quinta nota, Cristian Fernández (FARN) sintetiza de forma esquemática las principales implicancias sociales, ambientales y jurídicas del RIGI, advirtiendo que el régimen de estabilidad legal por 30 años podría anular leyes nacionales y provinciales y comprometer los derechos de las generaciones futuras.
La sexta nota fue escrita por Luciana Ghiotto (IIP-UNSAM/CONICET – TNI) y Betina Muller (TNI) quienes examinan los riesgos legales que el RIGI plantea para el Estado argentino. En su análisis, muestran cómo diferentes empresas que ingresaron al RIGI se comportan en otros países ante cambios institucionales, conflictos sociales o contaminación. Esta información resulta de gran relevancia dado que el RIGI habilita que las disputas se resuelvan en tribunales internacionales como el CIADI, abriendo la puerta a futuros litigios, del que nuestro país tiene un penoso historial.
En la séptima nota, María Julia Eliosoff (Fundación Friedrich Ebert Argentina – ETFE) y Alejandro Gaggero (ACIJ -ETFE) advierten que el RIGI profundiza las desigualdades estructurales del sistema tributario argentino al otorgar amplios beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a grandes inversores, sin exigir contrapartidas productivas ni sociales. Al reducir la carga impositiva sobre las empresas adheridas se favorece la repatriación de utilidades y la desregulación cambiaria, lo que podría debilitar las finanzas públicas y agravar la restricción externa en el corto plazo.
Por último, Iara Hadad y Joaquín Santucho (CEPPAS) ponen el foco en el Banco Central y las dificultades que tendrá el país para retener divisas en el corto plazo. Para ello analizan la Comunicación “A” 8099 que consolida un esquema de desregulación cambiaria sin exigencias productivas ni sostenibles. Esta lógica podría profundizar la restricción externa y debilitar la capacidad estatal para intervenir en contextos de crisis.
En síntesis, este primer boletín del Observatorio del RIGI tiene como propósito ofrecer un análisis descriptivo y un espacio de reflexión sobre las implicancias de este régimen en la redefinición del rol del Estado, así como en la distribución de derechos y en la gestión de los bienes comunes del país. En un contexto de creciente concentración de decisiones, ausencia de instancias de consulta y debilitamiento de los mecanismos de información pública, este boletín también se inscribe como una apuesta por la defensa de la democracia, la transparencia y el derecho de las comunidades a ser escuchadas.